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Bibliografia

DEL RECURSO DE CASACIÓN EN EL SALVADOR

La primera ley de Casación en  El Salvador fue promulgada en 1883, la cual fracasó por motivaciones históricas. Fue así como en razón del Art. 107 de la Constitución vigente en la época, se estableció que era necesario determinar las demás atribuciones de la Corte de Casación y las reglas a que debía sujetarse en sus procedimientos. Esa ley, en su Art. 1°, determinó que la Corte de Casación se compondría de un Presidente y de cuatro Magistrados electos por la Asamblea General, según lo prevenido en la Constitución. Instaurado en esta Ley el Recurso de Casación, se abolió la Tercera Instancia. Era en esa época, el recurso ordinario de súplica el que daba origen a ella y se introdujo por primera vez en el país el recurso extraordinario de casación.

En el Art. 2 de la Ley Transitoria para la Aplicación del Régimen Constitucional, se estableció que las disposiciones constitucionales referentes al Poder Judicial, que darían nueva estructura a la Corte Suprema de Justicia, suprimieron la Tercera Instancia en el procedimiento judicial y establecieron el recurso de casación. Deberían entrar en vigencia cuando se expidiesen las leyes secundarias respectivas, y, a más tardar, dentro de los tres años siguientes  a la fecha de vigencia de la Constitución.

Los Arts. 4 y 7 definían su competencia, en el sentido que la Corte de Casación conocería de los recursos de este nombre y ejercería además las funciones que el Art.107 de la Constitución le confiriese. Se estableció para conocer en los negocios contra las sentencias definitivas pronunciadas por las Cortes de Apelación y contra las de los arbitradores o amigables componedores y sólo en los casos determinados expresamente en  esa Ley.

El Art. 5 facultó a la Corte de Casación a continuar conociendo, hasta su fenecimiento, de los asuntos pendientes en la Cámara de 3° Instancia. En dicho conocimiento se observarían las disposiciones relativas a la 3° Instancia contenidas en los Códigos y demás leyes hasta entonces vigentes.

En el Titulo III, a partir del Art. 36, se reguló lo referente el Recurso de Casación en lo Criminal.

Dicha Ley fue dada en San salvador, en el Palacio Nacional, á los catorce días del mes de diciembre de 1883, firmada por el Vice-Presidente, A. Guirola; Secretario, Manuel Cáceres; Pro-Secretario, Juan María Villatoro. Palacio nacional: San Salvador, Diciembre 20 de 1883, por tanto: ejecútese—Rafael Zaldívar—El Ministro de Justicia, Salvador Gallegos. Publicada en el Diario Oficial N° 298, Tomo15 del día domingo 23 de diciembre 1883.

La normativa de la Ley de Casación de 1883, suprimió parcialmente el recurso extraordinario de nulidad. A criterio del jurista Dr. Roberto Romero Carrillo, podría ser una de las razones por las cuales  se malogró el intento de los legisladores de aquel tiempo, por renovar nuestras instituciones jurídicas, ya que la Constitución de 1886 suprimió la Corte de Casación. Con la creación de la Cámara de Tercera Instancia en la Constitución de 1886, volvió a instaurarse el recurso ordinario de súplica, que es el que se conoce en instancia y no un recurso de casación, provocando por este hecho la supresión del recurso de casación, funcionando desde esa época hasta 1953 el recurso ordinario de súplica, dejándose éste sin efecto por la creación nuevamente del Sala de lo Civil y con la competencia para conocer del recurso de casación en materia civil y mercantil, cuya aplicación sería en base a la Ley de Casación de 1953. Luego se le agregó la competencia en materia laboral y de familia.

Abolida la casación por la Constitución de 1886, se reimplantó el sistema de las tres instancias, restableciéndose las Cámaras de Tercera Instancia y cobrando vida nuevamente el recurso ordinario de súplica y el extraordinario de nulidad, que ya estaban regulados en el Código de Procedimientos Civiles.

Al decretarse la Constitución de 1950, se sustituyó por segunda vez la tercera instancia por el recurso de casación, lo cual trajo como consecuencia la supresión de las Cámaras de Tercera Instancia. En esta Constitución, el recurso casacional tenía un rango constitucional, lo que no permitía suprimirlo por una ley secundaria. Este mismo carácter conservó la  casación en la Constitución de 1962. Luego lo perdió con la Constitución de 1983, quedando únicamente con fundamento legal, lo cual se justificó en la “Exposición de Motivos”, en el sentido que no es que se esté a favor de que se suprimiese dicho recurso, sino  para  que a futuro pudieren modificarse los procedimientos  en la forma en que mejor sirvan a los intereses de la justicia.

En el Art. 225 de las Disposiciones Transitorias de la Constitución de 1950, se estableció que una ley especial contendría- a su vez- las disposiciones transitorias que fueran necesarias para poner en práctica el orden jurídico que la misma Constitución establecía. En cumplimiento de ese precepto, se emitió el Decreto N° 15 de fecha 7 de septiembre de 1950, de la Asamblea Nacional Constituyente. Se dio la “ Ley Transitoria para la Aplicación del Régimen Constitucional”, en donde, entre otras cosas, se prescribió que las disposiciones del Capítulo II, Título IV de la Constitución, que daba nueva estructura a la Corte Suprema de Justicia, suprimía la tercera instancia en el procedimiento judicial y establecían el recurso de casación, que entraría en vigencia cuando se expidieran las leyes secundarias respectivas y, a más tardar, dentro de los tres años siguientes a la fecha de vigencia de la Constitución. Mientras tanto se mantendría la organización y los procedimientos vigentes.

En razón que el plazo vencía el 14 de septiembre de 1953, el treinta y uno de agosto de ese año se decretó, a iniciativa de la Corte Suprema de Justicia, la nueva Ley de Casación.

En su “Articulo Preliminar” se subraya que las Salas de la Corte Suprema de Justicia conocerán del recurso, así: la de lo civil en los recursos de esta naturaleza, y la de lo penal en los de este carácter, disposición necesaria para materia civil, porque el recuso de casación no figuraba en las respectivas leyes procesales; por tanto, era esta Ley la que tenía que establecer qué tribunal tendría competencia para conocer del mismo, mientras que el Código de Trabajo, el Código Procesal Penal y la Ley de Procedimientos Mercantiles, ya contienen reglamentaciones especiales sobre el recurso de casación en esas materias. Comenzaron a funcionar los Tribunales Laborales como organismos del Poder Judicial, creados por Decreto-Ley N° 48 de la “ Junta de Gobierno de El Salvador”, de fecha 22 de diciembre de 1960, estableciendo que también corresponde a la Sala de lo Civil el conocimiento de los recursos de Casación  en lo laboral. Igualmente, desde que entró en vigencia la “Ley de Procedimientos Mercantiles”, decretada el 14 de junio de 1973, en la que se prescribe que en todo lo que no estuviera previsto expresamente en ella y en el Código de Comercio, se aplicarían las normas establecidas en el Código de Procedimientos  Civiles y en la Ley de Casación. También conoce de los recursos de casación en lo mercantil. Luego por las reformas decretadas a la Ley de Casación, por Decreto Legislativo N° 339, del 28 de septiembre de 1989, publicados en el Diario Oficial del 6 de octubre del mismo año, aparece completa la competencia de la mencionada Sala. Al decretarse la Ley Procesal de Familia, a los catorce días del mes de septiembre de 1994, también se creó la casación en materia de familia.